Uno de los temas más importantes entre el sector empresarial actualmente es el outsourcing, especialmente a raíz de la propuesta gubernamental para su regulación. Para entender exactamente qué es el outsourcing, cómo opera en las empresas mexicanas y cuáles serían los cambios más importante con su desaparición o cambios estos son los puntos básicos.
El outsourcing es la tercerización de servicios necesarios para las actividades de una empresa. En ese sentido, no solo se refiere a la subcontratación laboral, sino también a recurrir a un tercero para cubrir cualquier actividad específica y especializada.
Cuando se refiere al tema laboral, el outsourcing implica que una empresa cumple con sus necesidades de talento a través de una compañía diferente a la suya, por lo que sus “trabajadores” no son “empleados” directos ni forman parte estrictamente de la organización.
Según datos del Censo Económico del Inegi 2019, la subcontratación aumentó 37% en los últimos cinco años, es decir que existen al menos 4.1 millones de colaboradores de empresas contratados a través de outsourcing, lo que se traduce en 13% del personal ocupado en el país.
El outsourcing se convirtió en una práctica común entre las empresas mexicanas debido a que al contratar a otra empresa especializada en gestión del capital humano, las organizaciones podían:
Pero mientras ofrece ventajas a las empresas, existen diversas voces que también señalan que es una modalidad que ha propiciado fraudes fiscales y daños a los derechos de los trabajadores.
Esto se debe a que a través de estos esquemas muchos patrones se aminoran la carga al cubrir ciertas prestaciones laborales, pues aunque con este modelo los trabajadores garantiza su accesoa un contrato, registro ante el IMSS, Afore, Infonavit, así como aguinaldo y primas vacacionales, existen otras obligaciones como el reparto de utilidades que no son obligatorias paras las empresas.
En la Ley Federal del Trabajo, la figura de subcontratación está contemplada a partir del artículo 15-A. En términos generales, determina tres condiciones principales:
Entre los principales cambios que se han propuesto y que están sujetos a revisión están:
Se prohibirá la contratación de personal y el outsourcing se limitará a la contratación de de servicios especializados o para proyectos que no formen parte de la actividad económica principal de la empresa.
Junto con el contratista de servicios especializados (la empresa de outsourcing), las empresas serán responsables solidarios de los trabajadores implicados.
Existirá un padrón público de empresas de outsourcing, las cuales deberán renovar su autorización cada tres años ante por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Las multas por violaciones a disposiciones pasarán, según lo que hoy determina la ley, de 250 a 5000 veces la Unidad de Medida y Actualización a entre 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (a 2020, esto es una cifra aproximada de entre 173 mil 760 pesos a 4 millones 344 mil pesos). Las irregularidades se procesan como delitos de defraudación fiscal.
Grupos empresariales han comenzado a generar acuerdos con el Gobierno para comenzar la regularización del outsourcing.
Hasta el momento se ha aplazado hasta febrero de 2021 el debate de la iniciativa de ley del Ejecutivo. Con base en las mesas de diálogo, en ese lapso las empresas podrán ir realizando ajustes y evaluar su capacidad de ajustarse a las nuevas medidas.